La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha propuesto hoy ante el pleno del Congreso de los Diputados un conjunto de medidas para mejorar el funcionamiento y el control de las entidades de gestión de derechos de autor. Las medidas propuestas son las siguientes:
1. Modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual. Su objetivo, según la ministra, será "impedir a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles". La Administración será la encargada de autorizarlas. Sólo lo hará con aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades que la propia entidad no pueda desarrollar en su funcionamiento ordinario.
González-Sinde ha afirmado que "las entidades de gestión deben seguir siendo entidades sin ánimo de lucro. Es posible que en casos concretos y para situaciones concretas pueda ser conveniente la utilización de una sociedad mercantil, pero eso debe ser excepcional y debe estar sometido a aprobación especial".
2. Establecimiento de una auditoría pública. Se añadiría a las que ya se someten estas entidades en la actualidad. El nuevo control propuesto sería llevado a cabo por un organismo público. González-Sinde ha destacado que de esta forma se pretende "sumar un elemento más de vigilancia y de control".
3. Propuesta sobre las competencias en la próxima Conferencia Sectorial de Cultura. González-Sinde llevará una propuesta para resolver el asunto de las competencias territoriales que tendrá una vigencia provisional a la espera de que Bruselas dicte su directiva europea sobre entidades de gestión. La ministra ha reconocido la complejidad del establecimiento de estos mecanismos de control dado el reparto competencial que estableció la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional. Por ello, ha pedido en este punto "la mayor colaboración a todos los partidos políticos" para que "no quede ninguna sospecha de que la fiscalización que se ejerce sobre las entidades de gestión es la máxima posible".
4. Creación de un régimen sancionador. Este sistema tendrá como meta garantizar al máximo la transparencia de estas entidades y obligarlas a "cumplir su función social sin desviarse". Tal y como ha indicado la ministra en su intervención, las entidades de gestión son las primeras interesadas en generar confianza. Estas mismas sociedades han ofrecido a través de un comunicado conjunto su "plena colaboración a las Administraciones Públicas y al Parlamento para incrementar los mecanismos adicionales de control a nuestra actividad que consideren necesarios".
Defensa de un modelo
La ministra de Cultura ha anunciado estas medidas en el transcurso de una interpelación parlamentaria ante el Pleno del Congreso de los Diputados. En su discurso, Ángeles González-Sinde ha defendido a los autores y creadores de cultura, doblemente perjudicados por los últimos acontecimientos, ya que se ha puesto en riesgo su patrimonio y erosionado su imagen pública. En esta línea ha pedido que no se abra una “causa general” ni se cuestione “su derecho a cobrar por su trabajo y a reclamar a quienes obtienen un beneficio de él una contraprestación justa”.
La defensa del modelo de las entidades de gestión ha sido otro de los ejes de la intervención de la ministra. Ha dejado claro que los hechos que se investigan son muy graves pero que sólo afectan a unos gestores de una entidad de gestión de las ocho que existen en España y que representan a los derechos de músicos, intérpretes, guionistas, escritores cineastas, artistas plásticos y creadores en general, además de realizar una intensa labor asistencial. A este respecto, González-Sinde ha enfatizado que “no es que las entidades de gestión funcionen mal: es simplemente que unos individuos presuntamente han violado la ley y se les ha detenido. No hay que olvidarlo”.
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