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9/1/12

APROBADA LA LEY ANTIDESCARGAS,


El Gobierno pagará el canon a los autores a cargo de los presupuestos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la supresión del canon digital manteniendo la compensación equitativa por copia privada a cargo de los presupuestos generales del Estado. Mas adelante, el Gobierno regulará por un reglamento el mecanismo que establece unacompensación económica. Habrá reuniones con los sectores afectados y se calculará de nuevo «el perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado». Dicha cantidad la determinará el propio Gobierno y aparecerá en los presupuestos. En el estatus vigente hasta hoy el monto total del canon no podía superar los 110 millones de euros. Se supone que esa cifra será revisada a la baja.

Además, el Gobierno ha aprobado la regulación antidescargas en el último Consejo de Ministros del año. Se trata del reglamento que permite la entrada en vigor de la polémica Ley Sinde, por el que se puede cerrar una página web en un plazo de un mes. Con ambas medidas ha cambiado totalmente el panorama de la industria cultural en España, que las acoge con satisfacción. Las entidades de gestión estudiarán de inmediato el impacto que la eliminación del canon digital tendrá en sus ingresos por compensación por el derecho del consumidor de hacer copias privadas.

El programa electoral del PP recogía la propuesta de cambiar el canon por una compensación equitativa para los autores por el derecho a realizar copias privadas de sus obras.

Se cambiará el canon por micropagos por el uso de la obraLa solución del programa del PP era más acorde con las posibilidades del streaming y otro tipo de descargas. Pero esa era una compensación basada en micropagos, de céntimos.

Ahora el Gobierno ha elegido pagar el monto del canon digital con cargo a los presupuestos, que era una solución que, en la legislatura anterior apoyaba el sector tecnológico en contra del criterio de las entidades de gestión de derechos de autor. Hoy, la medida ha sido aplaudida tanto por portavoces de SGAE como de Ametic, la asociación que preside Jesús Banegas. En varias sentencias judiciales, incluso a nivel europeo, se ha destacado el caracter indiscriminatorio del canon digital español, mientras que en todas ellas se consagra la compensación por copia privada a los autores.

Para poner en marcha el anuncio habrá que modificar el artículo 25 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, que regula la solución actual. En todo caso habrá que tener en cuenta las conclusiones del ex comisario europeo Antonio Vitorino, recién encargado por la Comisión para estudiar la armonización del pago por copia privada en toda la UE. Sus conclusiones estarán en un informe que entregará en el verano de 2012. La impopular medida que grava los dispositivos electrónicos que alimentaba a las entidades de gestión de derechos de autor ha dado coartada a muchos para justificar las descargas ilegales.
Presión de las industrias españolas

La clave de la aprobación de estas medidas para la regulación de la Red se encuentran en lapresión de influyentes grupos de las industrias culturales españolas, que sienten la amenaza de ruina si no se activaba con urgencia un referente legal , y en todo caso antes de que el PP pueda poner en marcha su ambiciosa ley de Propiedad Creativa. La aprobación del polémico reglamento se ha hecho sin emendarlo más, de acuerdo con el visado que la propia Soraya Sáenz de Santamaría realizó al texto preparado por el PSOE. Como antecedente, el PSOE aprobó a su llegada al poder en 2004 el reglamento de la ley que obliga a invertir a las cadenas de televisión en la producción de cine, ley que había aprobado el Gobierno de José María Aznar.


Atrás queda la bronca de Zapatero con José BlancoCabe recordar que el Gobierno del PSOE fue incapaz de aprobar la Ley Sinde -ahora póstuma, políticamente hablando- que ellos mismos habían creado, a pesar del apoyo explícito del PP para que lo hicieran durante el traspaso de poderes y de que en su último intento de aprobación, el día 2 de diciembre, provocó un duro enfrentamiento entre José Blanco y Zapatero.

Los populares se comprometieron a eliminar el canon digital en su programa y a proponer esa ley de nueva planta que regulará el mercado cultural de internetcon otros presupuestos, distintos de los de la Ley Sinde, pero esa norma tardará demasiado para una industria que supone el 4% del PIB. Además, la piratería rampante ha metido a España durante los últimos años en la «lista 301» del Gobierno estadounidense, lo cual puede ser lesivo para la captación de inversiones en un momento económicamente muy difícil.
El aviso previo de Wert

De todo lo aprobado hoy había avisado el nuevo ministro de Educación Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, en la toma de posesión del secretario de Estado de Cultura,José María Lassalle: «El papel potenciador de la cultura tiene una pieza esencial en la protección del derecho de propiedad intelectual. Muy pronto tendremos novedades al respecto. Con claridad digo que ninguno de los objetivos para hacer de la cultura un pivote creativo y de dinamización económica de nuestra sociedad es compatible con la existencia de agujeros regulatorios ni con la desprotección de la propiedad intelectual o el expolio de los creadores culturales. Nadie respeta la cultura de un país que lidera ránking de descargas ilegales. Por ese camino no vamos a ninguna parte. Iremos con decisión contra quienes se lucran indebidamente del trabajo creativo de otros y no contra quienes se aprovechan de las posibilidades que esea redes crean. Nadie nos va a arredrar para hacer esto».

La decisión ha sido acogida con satisfacción en el sector cultural que vive como una doble sangría el consumo cada vez mayor de las obras pirateadas y el agravamiento de la crisis. La llegada de Amazon e iBooks a España el pasado otoño, así como el hecho de que los lectores de libros electrónicos se han convertido en el regalo de estas Navidades, ha sumado a la industria editorial al club de las empresas de cine y música que han visto comprometida su viabilidad con las lagunas legales sobre las páginas de enlaces en España.

La ley fue pactada a principios de 2011 por el PSOE y el PP más CiU, después de negociar una doble revisión judicial antes de tomar la decisión de cerrar una página web. El texto crea una Sala II de la Comisición de Propiedad Intelectual en la Secretaría de Estado de Cultura para administrar las denuncias e imponer las sanciones en un plazo breve. El hecho de que sea un órgano administrativo y no judicial el que decide el futuro de las páginas denunciadas levantó vivas polémicas desde el inicio del proyecto. Los más críticos exigen que el proceso sea judicial (a pesar de que es tan lento que lo hace inútil) y consideran que la Ley Sinde no servirá para nada.

Fuente recogida ABC.
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