El Consejo de Ministros desatascó ayer la ley antidescargas, antes conocida como «ley Sinde», y decidió eliminar el pago del impopular canon digital que grava los dispositivos electrónicos. El canon era una compensación a los autores por la capacidad que tenemos de realizar copias privadas y que debían pagar los fabricantes de dispositivos pero finalmente repercutía en el consumidor. Su monto anual no podía superar los 120 millones, aunque apenas llegaba a los 100, afectado, como todo, por la caída del consumo. Además, ha sido uno de los campos de batalla legal que más sentencias contradictorias ha cosechado.
La ley antidescargas es el primer referente legal español contra la piratería y también nace después de una enorme polémica, sobre todo en la red. Viene a dar un balón de oxígeno a las industrias culturales acosadas por la crisis y la incapacidad de impedir que otros se lucren con sus obras y recuperar inversiones.
Un vuelco
Con estas medidas se da un vuelco a la protección de la propiedad intelectual en España. Su déficit había dañado notablemente la imagen exterior de España, que fue incluida en listas internacionales de países líderes en piratería. El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, conversó brevemente con ABC después del Consejo para explicar la nueva política, que levantará ciertas ampollas en internet pero recibe un claro apoyo del sector cultural. La embajada de EE.UU., por su parte, recibía la noticia como «un desarrollo muy positivo de la situación».
—¿Por qué aprueban ahora esta «herencia» que Zapatero les dejó?
—El reglamento da desarrollo a una disposición de la Ley de Economía Sostenible, primer punto. Tiene una dimensión más técnica, que ya estaba plenamente decidida y con la que el PP había expresado su conformidad siempre que se cumpliera la otra condición a la que hoy se ha dado cumplimiento, que era la desaparición del canon digital.
—¿Qué supone la entrada en vigor de la ley antidescargas?
—Crea las condiciones para dar efectividad a un mandato parlamentario esencial en la protección de la propiedad intelectual y que tiene dos dimensiones: favorecer el uso de las herramientas de negociación y arbitraje en las discrepancias y, lo que es mucho más importante, establecer un mecanismo mixto administrativo, pero con tutela judicial, mediante el cual se pueda poner fin a lo que claramente es el expolio lucrativo de la propiedad intelectual de creadores y otros titulares de derechos por parte de las webs de descarga.
—Hay quien piensa que la ley es una cortapisa para la libertad de expresión, a la que amenaza. ¿Qué opina?
—Hombre, yo creo que comparar esto con una cortapisa de la libertad de expresión es como comparar la prohibición del trabajo del carterista con una cortapisa de la libertad de movimientos.
—Pero levanta ampollas en la red. Zapatero cambió de parecer al oír lo que decían en Twitter.
—Un Gobierno está para gobernar, atendiendo al interes general y debe tener guías estables en su conducta. Una de ellas es la alta calidad institucional o, desde otro punto de vista, la seguridad jurídica. Las reacciones pueden ser más ruidosas cuando son adversas y menos cuando son favorables. Pero hay que estar convencido de lo que se hace.
—¿Y usted lo está?
—De lo que estoy convencido es de que un país que pretende hacer de su cultura una de las herramientas de su renacimiento económico no puede al mismo tiempo ser la Somalia de la propiedad intelectual. Es decir, no puede ser al mismo tiempo el paraíso de la piratería digital.
—¿Le han presionado las industrias culturales?
—Es evidente que ha habido un amplio debate social con participación de todas las partes interesadas, pero el Gobierno no está respondiendo al impulso de lobbiesde ninguna especie, sino que defiende el interés general y garantizando la seguridad jurídica y la protección de la propiedad intelectual.
—¿Es más seguro poner un negocio digital ahora?
—No sé si el planteamiento es ése. Lo que sí destacaría es que a los que se dedican a lucrarse de expoliar derechos en el entorno digital a titulares de propiedad intelectual, la vida les va a resultar menos cómoda. Y permítame que subraye que a quienes se dedican al expolio y a nadie más.
—¿Por qué?
—Nosotros no estamos actuando contra una especie de Robin Hood que roba mercancía a los ricos para entregársela a los pobres. Actuamos para proteger a todos los titulares de propiedad intelectual frente a quiene obtienen beneficios, en ocasiones extraordinariamente pingües, de expoliar a los creadores de sus derechos.
—La existencia de regulación mejora la imagen de España...
—Creo que es más que eso, es un ingrediente imprescindible para conseguir, en ese entorno de transformación de las industrias culturales que hoy la digitalización trae consigo, pasar a España a la primera categoría, es decir, consolidar la presencia de nuestro país como un país serio en el que se respetan los derechos y se garantizan las libertades y se protegen adecuadamente todos ellos, y muy destacadamente la propiedad intelectual.
—Eliminan el impopular canon digital pero mantienen la compensación por la copia privada. ¿Cuál es el sistema que se plantea?
—Está pendiente de desarrollo reglamentario. Le aseguro que seremos muy diligentes y lo tendremos listo en un tiempo muy breve. Lo que hemos hecho, en un contexto de revisión de la protección de la propiedad intelectual, es mantener lo que dice la ley en cuanto a que el creador tiene derecho a una compensación equitativa por copia privada, pero cambiando el sistema. El canon estaba esencialmente basado en una presunción de que los dispositivos se utilizarían para realizar copias. Lo cambiamos por uno en el que, de forma transitoria, se garantice la compensación equitativa habilitando recursos a cargo de los presupuestos generales del Estado y no del comprador de dispositivos y soportes, que era el que pagaba el canon.
—Los presupuestos los pagamos todos... ¿Será transitorio?
—Probablemente, porque la realidad que nos encontramos precisa una revisión de la propia Ley de Propiedad Intelectual para adecuar los mecanismos de protección al entorno digital.
—¿Tal vez también porque la UE revisa el canon en estos momentos?
—El excomisario portugués Antonio Vitorino está haciendo consultas para procurar una armonización de los sistemas de compensación de copia privada que son extremamente diversos entre sí en el seno de la Unión. Desde la excepción y reembolso, en el que se paga y se devuelve según el uso del dispositivo para la copia privada, a este nuestro a cargo de los presupuestos. Vitorino hace una ronda de examen de las legislaciones nacionales para proponer una homogeneización del tratamiento de esta compensación equitativa. Es evidente que en el momento en que este trabajo esté concluido lo analizaremos y en la medida en que haya una buena iniciativa la suscribiremos.
—¿Y no es contradictorio haber decidido pagar con dinero público el canon en el mismo Consejo en el que se anuncian grandes recortes?
—Cualquier cosa puede parecer contradictoria en un momento así. Pero evidentemente los recursos van a ser detraídos dentro de los Presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En ningún caso supondrá incremento de gasto.
Cómo funciona la ley antidescargas
Se trata de un modelo mixto administrativo-judicial.
Las denuncias a páginas que alojen ilícitamente contenidos protegidos por los derechos de autor serán arbitradas por una Comisión de la Propiedad Intelectual, dividida en dos secciones. Una que se ocupará de las funciones de «mediación y arbitraje», y otra que estará formada por seis miembros funcionarios de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competividad. Su presidente será el secretario de Estado de Cultura o la persona en la que éste delegue.
¿Cuándo interviene el juez? Cuando no es posible identificar al infractor. En ese caso el juzgado de lo Contencioso-Administrativo requerirá los datos personales del infractor mediante un auto a los proveedores y operadoras que ofrecen la infraestructura a la web. También habrá intervención judicial cuando el infractor se niegue a retirar los contenidos no autorizados. El juez entonces (si así lo decide) puede requerir de las operadoras que corten el servicio a la web o bloqueen el acceso a la misma. Estas tendrán un plazo de tres días para hacerlo. Si se niegan serán penadas con multas que van de los 150.000 a los 600.000 euros.
La duración del proceso: Entre uno y tres meses, desde la denuncia hasta que la página es bloqueada o cerrada.
Últimos cambios del reglamento: Fueron incluidos en noviembre. Endurecen el tratamiento a los infractores reincidentes (si son pillados de nuevo el proceso no se retomará desde el principio, sino en el último paso), y también hacia las páginas de enlaces.
Fuente recogida ABC.
Fuente recogida ABC.
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